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Analizan el impacto de la robotización y la digitalización en los consumidores andaluces con objeto de garantizar su defensa y protección

Entre las conclusiones de este trabajo, realizado por el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide Francisco Oliva Blázquez, destaca en el ámbito del comercio electrónico, la necesidad de transponer diversas directivas europeas y de cumplir con la normativa de protección de datos para que las personas consumidoras y usuarias alcancen el mayor nivel de protección posible. Asimismo, incide en la necesidad de reforzar las campañas de información dirigidas al consumidor, mejorar e incrementar las inspecciones y controles, y estrechar la coordinación y colaboración entre ldiferentes administraciones con competencias en este ámbito.

Fuente: Universidad Pablo de Olavide


Sevilla |
25 de febrero de 2020

El catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Comité de Bioética de Andalucía, Francisco Oliva Blázquez, ha presentado recientemente en un seminario celebrado en el Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía (CES), las principales conclusiones de un informe que trata de analizar el impacto de la robotización y la digitalización en los consumidores andaluces con objeto de garantizar su defensa y protección. “La nueva sociedad digital tiene el deber de garantizar que, como mínimo, el nivel de protección de las personas consumidoras y usuarias sea el mismo que el que tienen en las relaciones de consumo tradicionales’, explica el investigador, a quien el CES ha encargado el informe a propuesta de la representación de consumidores y usuarios de Andalucía.

Francisco Oliva ha elaborado el informe para el CES.

El estudio, titulado ‘Los efectos de la robotización y la digitalización en la realidad económica y social de Andalucía: la protección de las personas consumidoras y usuarias’ y que será publicado próximamente por el Consejo Económico y Social, analiza los principales retos de este nuevo escenario: la protección de los consumidores en el ámbito del comercio electrónico, el régimen jurídico de las plataformas digitales de adquisición de bienes y servicios, la protección de los datos de carácter personal, la responsabilidad civil derivada de los daños personales causados por los robots y el régimen de resolución de las controversias.

Entre las conclusiones más relevantes de este trabajo, destaca, en el ámbito del comercio electrónico, la necesidad de transponer diversas directivas europeas y de cumplir con la normativa de protección de datos para que las personas consumidoras y usuarias alcancen el mayor nivel de protección posible. Asimismo, el informe pone el acento en la necesidad de reforzar las campañas de información dirigidas al consumidor, mejorar e incrementar las inspecciones y controles, así como estrechar la coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones con competencias en este ámbito.

Por otro lado, según explica Francisco Oliva, las plataformas en línea deben incluir determinada información de forma clara, destacada y dirigida al usuario. “Los principales parámetros que determinan la clasificación de las ofertas presentadas como resultado de la búsqueda y la importancia relativa de dichos parámetros frente a otros; si el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital es un comerciante o no; o la manera en que se reparten las obligaciones relacionadas con el contrato entre el tercero que ofrece los bienes, servicios o contenido digital y el proveedor del mercado en línea”, detalla el investigador.

En cuanto a los desafíos que presenta la robótica, el informe señala la necesidad urgente de tomar decisiones y reformar el ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad civil derivada de los daños que pueden causar los robots inteligentes y autónomos. “Nuestro sistema jurídico no contempla este novedoso fenómeno”, explica el catedrático de la UPO, quien describe en su estudio las soluciones que se han propuesto hasta ahora: establecer un sistema de responsabilidad objetiva, de gestión de riesgos o incluso crear una nueva figura de responsabilidad mecánica o electrónica. “Es necesario adoptar una posición porque se corre el riesgo de dejar sin indemnizar graves daños personales provocados por este tipo de robots”, añade Francisco Oliva.


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