Fuente: Andalucía Innova

La edición de este diccionario es un aspecto central de la investigación interdisciplinar sobre la teoría y la práctica de la privacidad que lleva a cabo este grupo de expertos y que también ha quedado plasmada en otras dos obras de carácter jurídico ya publicadas como La protección jurídica de la intimidad y Dopaje, intimidad y datos personales, una obra de carácter interdisciplinar sobre los secretos profesionales. En esta última se analiza, por primera vez, el concepto de la privacidad desde varias de las perspectivas posibles: administrativa, mercantil, médica, informática y laboral, entre otras.

Con estos trabajos bibliográficos se pretende que cualquier interesado pueda «conocer los procesos y las resoluciones más relevantes en materia de privacidad» en el ámbito español, aclara Enrique Anarte, responsable del proyecto Nuevos conflictos sociales: El papel de la privacidad. Análisis jurídico interdicisplinar y comparado, de la Universidad de Huelva. Pero además, en ellas, se plasma un estudio comparado de casos con otros de similares características en Alemania, Italia y Francia. Asimismo, el grupo de expertos pretende ofrecer propuestas de regulación y de solución de los conflictos.

Con todo esto los expertos tratan de poner de relieve la contraposición existente entre la idiosincrasia del Estado de Derecho (donde prima la protección jurídica del ciudadano y en especial de su intimidad y de sus datos personales) con su dimensión democrática (que impone transparencia en el reconocimiento y ejercicio de derechos y libertades).

Un conflicto que se acentúa con el nacimiento y desarrollo de la denominada Sociedad de la Información y del Conocimiento, con la proliferación de autopistas de información en la Red y con la aceleración de las condiciones de vida «donde la privacidad de las personas se pone en entredicho con la aparición de nuevas formas de intromisión como el espionaje telemático o el spam»; y donde «observamos la necesidad de detectar nuevas formas de garantías relacionadas con la indemnidad y el anonimato telemático», según se recoge en la memoria del proyecto.

Es un estudio que aparece también ligado a acontecimientos como el 11M, el 11S ó la Operación Puerto (investigación contra el dopaje de deportistas de élite en 2006). En este último caso, como consecuencia de estos sucesos de fraude deportivo, se han incrementado las medidas de seguridad y se han llevado a cabo actuaciones que desde el punto de vista jurídico pueden ser discutibles: «como por ejemplo el acceso a las comunicaciones de un deportista para que autoridades deportivas puedan investigar prácticas irregulares de dopaje (cuando en la legislación española la intervención judicial de las comunicaciones privadas queda restringido al Derecho Penal)», indica Anarte.

De la misma forma, hace mención a otro caso: «el déficit jurídico y democrático presente en la transferencia de los datos de los pasajeros europeos contemplada en el acuerdo entre EEUU y la Unión Europea sobre Tratamiento y transferencia de Datos de Registro de nombres de Pasajeros en 2007». Estos son sólo dos ejemplos de los que se recogen en las obras citadas y a través de los que se vislumbra la ambigüedad de la legislación española en materia de privacidad «al solaparse con otras normativas comunitarias e internacionales», añade Enrique Anarte.

La multitud de enfoques que plantea el concepto de privacidad (como se muestra por ejemplo en el campo de la biología –con la identidad genética- o en la economía -con la privacidad de los datos fiscales) junto con la ambigüedad que presenta la legislación actual para su regulación han sido las causas que impulsaron la investigación en esta materia que comenzó en 2008 y que ha sido incentivada como Proyecto de Excelencia por la Junta de Andalucía con 67.525 euros.

Además, fruto de esta tarea de evaluación normativa ha nacido el boletín temático Goodbye Privacy? sobre novedades legales, noticias y bibliografía en torno a la privacidad (dirigido a profesionales y académicos) y «se han realizado varias reuniones científicas para reflexionar sobre el concepto en el ordenamiento jurídico estatal español, comunitario e internacional, así como una amplia serie de actividades científico-divulgativas en las que se han expuesto los resultados alcanzados hasta ahora a lo largo de estos tres años de estudio», concluye el jurista.