La asignación de financiación institucional a la investigación en España deberá basarse en criterios de resultados, según la CE. / Fotolia

El pasado lunes se dieron a conocer las recomendaciones de la CE para impulsar la I+D europea en el año en curso. El documento destaca los puntos débiles del sistema de investigación e innovación de España y aconseja tomar algunas medidas, entre las que destaca la dotación de fondos a la Estrategia Estatal de Innovación y la puesta en marcha  de la Agencia de Investigación.

Según señala el informe de la Comisión Europea, cuyas recomendaciones se basan en un documento de trabajo de la CE sobre España, en 2013 “el Gobierno español adoptó una estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación que todavía no cuenta con el respaldo de financiación pública. También está pendiente la creación de la nueva Agencia de Investigación y Desarrollo con la misión de gestionar de forma eficaz la inversión pública en I+D”.

La financiación –añade­– “deberá ser suficiente para abordar los retos en los sectores de la sanidad, la energía, el transporte y el clima que tiene planteados la sociedad para impulsar la inversión privada y utilizar mejor los programas de la UE de financiación de la investigación y la innovación,  como  el programa Horizonte 2020 y los fondos FEDER».

Para que la futura agencia tenga éxito “habrá que hacer uso de las mejores prácticas de asignación de fondos, incluida una revisión independiente interpares por expertos internacionales y evaluaciones basadas en la capacidad de innovación de los proyectos”, advierte.

Crisis y recortes

Por otro lado, la CE pone de relieve que el sistema español se ha visto afectado por la crisis, “que ha ocasionado  reducciones de la financiación de la I+D en el sector público y en el sector privado, disminuyendo la probabilidad de alcanzar el objetivo de intensidad de inversión en I+D del 2% establecido para el Horizonte 2020”.

El organismo critica también que el sector público español en I+D no proporcione incentivos suficientes a las universidades y los organismos de investigación estatales para cooperar con el sector privado.

“La financiación insuficiente para las empresas de rápido crecimiento e innovadoras en el momento culminante de la crisis, ha dificultado que la actividad de investigación e innovación dé lugar a productos comerciales”, subraya.

Además, puesto que la política de innovación se transfiere en España a las comunidades autónomas, la CE ve “muy necesario una coordinación más eficiente entre la Administración central y estas instituciones para evitar solapamientos y aumentar los efectos de una especialización inteligente”.