Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña ante un quebrantahuesos envenenado ©Agents Rurals

El veneno se utiliza con la intención de matar animales considerados como dañinos para distintas actividades, principalmente para la caza, la ganadería y la agricultura, pero también para la columbicultura o la apicultura. Esta conducta está considerada por el Código Penal como un delito, lo que refleja el rechazo de nuestra sociedad a esta forma cruel de eliminar determinadas especies de fauna.

El pasado 19 de julio de 2013 tres personas fueron condenadas a 14 meses de cárcel por el envenenamiento de nueve aguiluchos laguneros en un coto privado de Mendavia (Navarra). Los condenados, el guarda de caza del coto, el presidente y el tesorero, deberán indemnizar además al Gobierno de Navarra por la muerte de las aves con la cantidad de 5.409 euros y a reparar los daños ecológicos producidos. El guarda de caza ha sido también condenado a inhabilitación por un año para el ejercicio de su profesión como guarda y se le imponen seis meses más de prisión por tenencia ilícita de armas. Esta es la quinta sentencia condenatoria conseguida por SEO/BirdLife, en el marco del proyecto Life+ VENENO, por uso ilegal de cebos envenenados, lo que demuestra el papel que cumplen las ONG para proteger el patrimonio natural y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.

De los 22 procedimientos judiciales en los que se ha personado SEO/BirdLife, 12 afectan a especies amenazadas. Este es el caso de las seis águilas imperiales ibéricas envenenadas en 2012 en la Encomienda de Mudela (Ciudad Real) o las más de 130 aves rapaces muertas aparecidas en un coto de caza de Tudela (Navarra) en el mismo año.

Medios eficaces para perseguir el delito

En España se han dictado unas 60 sentencias condenatorias en materia de veneno. La mayoría de estas resoluciones han recaído en comunidades autónomas que contaban con planes y protocolos de lucha contra el envenenamiento de fauna o tienen patrullas especializadas para la investigación de este delito. Son cinco las regiones que han aprobado planes o estrategias que recogen una serie de medidas mínimas para la vigilancia e investigación de los episodios de veneno registrados en sus territorios.

Se trata de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Valencia. A estas se une Cataluña que cuenta con el Grupo de Investigación de Venenos y Antifurtivismo del Cos d’Agents Rurals que es un referente en este tipo de investigaciones y que ha propiciado que los juzgados catalanes dicten hasta 12 sentencias condenatorias por uso de veneno.

Según un análisis realizado por miembros de este Grupo de Investigación catalán de las 60 sentencias condenatorias dictadas en temas de veneno, el 60% se han producido en Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, lo que evidencia que contar con medidas adecuadas de persecución del delito facilita la resolución de los casos. En total se ha condenado a 88 personas que definen un perfil bastante similar. En todos los casos, excepto en dos, se trataba de varones con una edad media de 55 años y generalmente relacionados con la caza (62 de las 80 personas condenadas) ya sean guardas, propietarios, titulares, socios, trabajadores, gestores o arrendatarios de cotos.

En cuanto al origen del uso del veneno en el campo, el análisis revela que 39 de las 60 sentencias están relacionadas con el sector cinegético, 14 con el uso de veneno por el sector ganadero, cuatro por la agricultura, dos por colombicultores, uno por taxidermia, uno por disputas vecinales y dos de origen desconocido.

Por todo ello, desde el proyecto Life+ VENENO, coordinado por SEO/BirdLife, se insiste en la importancia de que las comunidades autónomas aprueben planes y protocolos de lucha contra el veneno y apuesten por la especialización de los agentes de medio ambiente. De esta forma se podría contribuir a reducir la cifra de los más de 7.000 ejemplares de especies amenazadas muertos en la última década y esclarecer los numerosos casos que quedan sin resolver por falta de una investigación adecuada.

Otro de los trabajos que ha llevado a cabo SEO/BirdLife para acabar con esta práctica ilegal ha sido el Estudio sobre las sustancias que provocan el envenenamiento de la fauna silvestre. El estudio ha identificado más de 70 sustancias que se utilizan en la elaboración de cebos envenenados, en su mayoría productos fitosanitarios y biocidas. También se analiza cómo se pueden adquirir, tanto legales como ilegales, y por qué los controles establecidos no impiden su uso ilegal.

El proyecto Life+ VENENO tiene como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. El proyecto, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el 40% y la Fundación Biodiversidad el 26%, se desarrolla entre 2010 y 2014.

SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son los beneficiarios del proyecto. Los cofinanciadores son el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria. La Editorial América Ibérica colabora con el proyecto y otras 12 comunidades autónomas y un cabildo participan en diferentes acciones.