La COVID-19 amplifica las desigualdades que sufren las personas migrantes y refugiadas a nivel mundial
Dos profesoras de la Universidad de Sevilla coordinan en España de un estudio internacional impulsado por la Organización Mundial de la Salud. En el estudio participaron 30.000 personas migrantes y refugiadas que residen en 170 países de acogida a nivel mundial. Este informe subraya cómo esta enfermedad ha tenido un impacto desproporcionadamente duro en este grupo poblacional.
Fuente: Universidad de Sevilla
Tres de cada cuatro personas migrantes y refugiadas indican que la COVID-19 ha tenido un impacto significativamente negativo en sus vidas, según un nuevo informe publicado por la Organización Mundial de la Salud. En España, las encargadas de coordinar el estudio han sido las profesoras Rocío Garrido y Virginia Paloma, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla (US).
La pandemia de COVID-19 ha afectado la vida de las personas migrantes y refugiadas.
El informe ofrece los resultados del estudio ‘ApartTogether’, que examina las formas en que la pandemia de COVID-19 ha afectado la vida de las personas migrantes y refugiadas. En el estudio participaron 30.000 personas migrantes y refugiadas que residen en 170 países de acogida a nivel mundial. Este informe subraya cómo la COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionadamente duro en este grupo poblacional.
En concreto, el informe constata cómo las personas migrantes y refugiadas que participaron en el estudio han visto deteriorada su salud mental, encontrándose mayores niveles de depresión, preocupación, ansiedad y soledad en un 50% de los participantes. Este deterioro en la salud mental fue mayor entre las personas migrantes y refugiadas mayores de 65 años. Como indica la Dra. Virginia Paloma, del Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla y co-coordinadora del estudio en España: “Los altos niveles de empeoramiento en los indicadores de la salud mental son especialmente preocupantes, considerando los ya altos niveles de sufrimiento psicológico que esta población enfrenta, así como el acceso tan limitado que suele existir a los servicios de salud mental en los países de acogida”.
El informe identifica tanto a las personas migrantes y refugiadas en situación irregular, como las que viven en la calle o en infraviviendas, como grupos particularmente vulnerables ante el impacto derivado de la COVID-19. Más del 70% de los participantes en situación irregular informa de cómo la pandemia les ha llevado a la pérdida o empeoramiento de sus condiciones laborales, más del 40% se enfrenta a preocupaciones para cubrir necesidades básicas como la comida, y casi el 50% ha experimentado una peor atención médica desde el inicio de la pandemia. Por su parte, las personas migrantes y refugiadas que viven en la calle o en infraviviendas están a menudo expuestas al virus con herramientas limitadas para protegerse, así como tienen dificultades para acceder a los servicios de salud existentes en el país de acogida. Por ejemplo, un 35% de los participantes percibieron barreras para acceder a los servicios de salud en caso de necesidad por motivos económicos, y un 22% por temor a ser deportados.
“Por todo ello, necesitamos abogar por la equidad en salud, garantizando el derecho a la salud de todas las personas, independientemente de dónde vengan y su situación. Los gobiernos no solo deben garantizar una cobertura sanitaria universal, sino también una vivienda digna, oportunidades para el empleo en condiciones de igualdad, y oportunidades para desarrollar redes y participar en la sociedad”, indica la Dra. Rocío Garrido, del Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla y co-coordinadora del estudio en España.
Comprender la forma en que las propias personas migrantes y refugiadas experimentan y afrontan los desafíos asociados a la pandemia es fundamental para poder diseñar y ofrecer respuestas políticas inclusivas y basadas en la evidencia. Aunque las personas migrantes y refugiadas muestran altos niveles de resiliencia y se enfrentan a amenazas para la salud similares a las de la población autóctona, el informe muestra cómo la pandemia puede haber agravado su salud mental, sus condiciones de vida, así como su acceso a los servicios de salud, a menudo ya de por sí precarias. Por ello, es necesario priorizar la intervención en los grupos más vulnerables, en este caso las personas migrantes y refugiadas en situación irregular, que viven en la calle o infraviviendas, así como las personas mayores. Adoptar medidas para mejorar las condiciones de vida, así como aumentar el acceso de estas personas a unos servicios de salud de calidad culturalmente competentes, tanto de apoyo médico como psicológico, se torna fundamental. En definitiva, los resultados subrayan la necesidad e importancia de incluir de manera activa a este sector poblacional dentro de las respuestas frente a la COVID-19.
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