Las trabajadoras inmigrantes están expuestas a más riesgos laborales que las españolas, según la onubense
Fuente: Universidad de Huelva
Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que 80.500 extranjeros se encuentran en el paro y que la tasa de desempleo de la población inmigrante es del 39,21%, 14,1 puntos superior a la de las personas de nacionalidad española (25,11%). La crisis se está cebando con la población foránea que ha venido desarrollando su trabajo en el sector de la construcción (el más golpeado), industria, agricultura y servicios, y la cifra de empadronados bajó en 2012, por primera vez en 15 años, pasando de 5.751.487 a 5.736.258.
Uno de los estudios de mayor solidez científica que se vienen realizando en nuestro país (Proyecto ITSAL-Inmigración, Trabajo y Salud) describe las condiciones de trabajo y empleo de los extranjeros con diferentes indicadores de salud física y mental. Y entre las conclusiones, publicadas en el artículo Differences in exposure to occupational health risks in Spanish and foreign-born workers in Spain, se destacan que las trabajadoras inmigrantes están expuestas a más riesgos laborales que las españolas o que la percepción del riesgo para los varones extranjeros es diferente a la que tienen los autóctonos.
El trabajo, en el que ha participado la Universidad de Huelva junto a otros tres centros españoles, subraya que las empleadas extranjeras son más propensas a trabajar más horas y a sufrir una mayor exposición a temperaturas extremas que las nacionales. Los investigadores que publicarán el artículo en Journal Inmigrant Minority Health, entrevistaron para su elaboración a 1.841 inmigrantes y 509 españoles. Por otro lado, el texto señala que los hombres nacidos en el extranjero y cuya actividad se centra en sectores como el de la construcción, agrícola o industrial perciben la exposición a los riesgos laborales de forma distinta a los españoles. Trabajan muchas más horas de pie, en actividades más físicas y están sometidos a temperaturas extremas, según aseguran en las entrevistas.
Asimismo, la formación, titulación y tipología del contrato son también puntos de desencuentro entre hombres y mujeres extranjeros y sus pares nacionales. Por ejemplo, la proporción de varones con titulación superior es mayor en los trabajadores nacionales, mientras que esta misma circunstancia es mayoritaria entre las extranjeras. Es decir, las contratadas extranjeras están más cualificadas que las españolas.
Las variaciones entre sectores de actividad económica se observan en trabajadores extranjeros varones, que se concentran en el ámbito de la construcción, agricultura o industria (62,5%), mientras que la mayoría de los empleados nacionales desarrollaban su actividad el sector de los servicios (55,3%). Los extranjeros desarrollan trabajos de actividad física (75,4%), principalmente a través de contratos temporales; mientras que uno de cada tres carecía de contrato.
Las españolas fueron empleadas principalmente en trabajos no manuales (85,8%), mientras que las extranjeras se dividieron de manera más uniforme entre ocupaciones manuales y no manuales.
La prevalencia sobre los riesgos laborales de los nacidos en el extranjero de ambos sexos fue significativamente mayor que los oriundos: trabajan muchas más horas, de pie y con temperaturas extremas.
Los investigadores consideran que esta encuesta «ha descrito y comparado los datos de los riesgos desde una percepción subjetiva para los grupos de inmigrantes y autóctonos. Sorprendentemente, en este análisis, los extranjeros empleados en los sectores del ámbito de la construcción, agrícola o industrial reportaron menos exposición a riesgos que sus pares españoles. Este resultado contrasta con el aumento del riesgo de accidentes de trabajo observadas en los trabajadores migrantes, que se ha atribuido en parte al hecho de que los extranjeros se emplean en los trabajos más peligrosos. Nuestro resultados no confirmaron esta hipótesis, pero no podemos descartar la posibilidad de que este colectivo tiene una percepción del riesgo diferente al de los nativos».
Para el grupo de investigación «el nivel inferior de la formación y el conocimiento de la salud en el trabajo puede significar que extranjeros los trabajadores no pueden reconocer algunos riesgos laborales», por lo que se hace necesario ampliar la información sobre riesgos laborales en las diferentes actividades.
Los autores del trabajo señalan que «es necesario limitar la interpretación de estos resultados. Nuestros datos se basan en la experiencia propia de los trabajadores sin que haya mediciones objetivas. Por otro lado, se han recogido testimonios de personas que dominan el español, por lo que grupos de inmigrantes, como el chino o subsaharianos, no han sido incluidos».
De los 5,7 millones de extranjeros que viven en España, 3,3 millones, el 57,4%, proceden de países de fuera de la Unión Europea (UE) y 2,4 millones, el 42,6%, de la UE.
Mayor pobreza y desestructuración (optativa)
La situación social de extranjeros y españoles es dispar, según un estudio de EAE Business School sobre las condiciones de vida de los hogares inmigrantes. Según este análisis, el 70,6% de los extranjeros que vive en España tiene dificultades para llegar a fin de mes. El gasto medio por hogar en España fue de 29.482 euros en 2011, —un 7,73% menos que en 2008—, un descenso que en el caso de los hogares españoles ha sido del 6,8% y en el de los extranjeros del 15,03%. El gasto medio de una familia extranjera fue un 23% inferior al de una española. El pasado diciembre el informe Impactos de la crisis sobre la población inmigrante elaborado, a partir de fuentes oficiales, por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ya ponía de manifiesto que la crisis ha golpeado con más dureza a la población inmigrante que a la española aumentando las diferencias sociales entre ambas, al contar con menos prestaciones, una tasa de paro que duplica la de los autóctonos y un mayor número de hogares pobres. Otra consecuencia de la coyuntura económica es que la tasa de pobreza de los hogares inmigrantes es del 31%, cifra que supera en doce puntos la de la población española menor de 65 años, que se sitúa en el 19%.
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