Miguel Gili Miner

Se calcula que, de media, en España los médicos de familia dedican un 14% de su tiempo a tramitar bajas laborales, esto implica una sobre carga de trabajo así como centenares de millones de euros de costes burocráticos, mayores listas de espera así como molestias para el propio paciente, o en su lugar un  familiar, que debe acudir cada siete días a su médico para renovar dicha baja. Ante esta situación, expertos de la Universidad de Sevilla, en colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, trabajan en un método para la determinación del tiempo óptimo personalizado de la duración de la incapacidad temporal por diagnóstico con el que, de forma individualizada y en base a una serie de indicadores, se calcula el día exacto que tiene que estar de baja cada paciente.

El responsable del grupo de investigación Epidemiología Clínica, el profesor de la Facultad de Medicina y Director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Pública (Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y Distrito Sanitario de Sevilla), Miguel Gili Miner, informa de que en este cálculo se tiene en cuenta la patología, la edad, el sexo y el expediente médico previo del paciente para determinar el número de días exactos. “Una vez pasen esos días es cuando el paciente vuelve a su médico y no antes, lo que agiliza la atención en las consultas y supone un ahorro económico también importante”, señala  Gili Miner. Este sistema está aún en fase de prueba pero se prevé que a lo largo de este año podría comenzar a implantarse en todos los Centros de Salud de Andalucía.

Alcohol, tabaco y drogas

Este  grupo de investigación de la Universidad de Sevilla trabaja también el estudio de los casos de ingresos hospitalarios evitables por causas de alcohol, tabaco o drogas. En este sentido, se estima que la mitad de las personas hospitalizadas en España sufren patologías derivadas o a consecuencia del consumo de estas tres sustancias. Para combatir esta situación los investigadores analizan los datos de 87 hospitales de toda España y barajan más de seis millones de altas.

“El objetivo es diseñar acciones preventivas para evitar estos ingresos y reingresos hospitalarios, tanto por nuestra responsabilidad ética como profesionales de la sanidad y en pro del bienestar del ciudadano, así como para reducir la partida económica que suponen estos tratamientos”.