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IMPULSO A PROYECTOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE REDES DE COMUNICACIONES


08 de febrero de 2012

Fuente: Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz

 

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de incentivos, por un valor total de 8,69 millones de euros, a la empresa Optimi Spain, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga. Las ayudas respaldarán una inversión privada de 39,53 millones para tres proyectos de implantación de la tecnología SON (Self Optimized Network), desarrollada por esta firma con el fin de optimizar el funcionamiento de redes de telecomunicaciones, que permitirán la creación de 114 empleos directos.

Edificios del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)El primero de los proyectos se centra en aplicaciones y componentes SON para sistemas de comunicaciones, así como en herramientas dedicadas a la recopilación de información de la red. Los dos restantes se dirigen específicamente a la optimización y a la detección y solución de fallos de redes móviles en tiempo real.

Optimi se fundó en 2003, con el nombre de Tartessos Technologies, por un grupo de investigadores que trabajaban en la extinta fábrica de Nokia en el PTA de Málaga. En 2004 se fusionó con la empresa Optimi Corporation y pasó a denominarse Optimi Spain. En diciembre de 2010 fue adquirida por Ericsson, aunque mantuvo el nombre. La firma se sitúa actualmente como un referente internacional en tecnología SON, cada vez más demandada por los operadores de telecomunicaciones ante el creciente desarrollo de las redes inalámbricas de alta complejidad en su arquitectura.

Las tres ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno forman parte de los incentivos que concede la Junta de Andalucía para la innovación y el desarrollo, cuya programación para el periodo 2008-2013 supera los 622 millones de euros. Andalucía es actualmente la comunidad autónoma que más instrumentos de apoyo pone a disposición de los empresarios y que con mayor intensidad financia sus proyectos. La Administración autonómica aporta más de la mitad de todos los recursos públicos que reciben las empresas andaluzas, mientras que en comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco esta contribución no llega al 30%.


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