Fuente: AndaluciaInvestiga.com – Amalia Rodríguez Gómez

Jefe de la Abogacía del Estado en Sevilla durante 22 años (1982-2004), Pedro Luis Serrera Contreras (Sevilla, 1934), preside desde hace dos años la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Es el segundo presidente de la entidad, tras Ángel Olavarría. Entre su dilatada experiencia profesional, destaca su intervención en la redacción del primer Estatuto de Andalucía, denominado “de Carmona”, en la que aportó la preparación jurídica que proporcionaba el ejercicio como Abogado del Estado.

Pregunta (P.-) ¿Qué función desempeña actualmente la Academia? ¿Cuáles son sus objetivos?

Respuesta (R.-) La Academia tiene como función el cultivo, investigación y difusión de la ciencia del derecho, actividades de carácter eminentemente cultural. El objetivo es, lógicamente, poder cumplir esas finalidades dentro de la modestia de medios económicos con que tradicionalmente se mueven las Academias.

(P.-) Al llegar a la presidencia, usted se propuso que la entidad fuera más visible ante la sociedad. ¿Qué están haciendo para lograrlo?

(R.-) La trascendencia hacia el exterior se plasma en la Academia con el acto de ingreso en ella de nuevos miembros. Concretamente, ahora están designados y pendientes de la lectura de su discurso tres académicos de número, entre ellos una mujer, y tres académicos correspondientes residentes en Madrid o Barcelona. Además, este año hemos celebrado jornadas de estudio que han tenido lugar en colegios profesionales como el de Arquitectos y Abogados, o en centros universitarios, como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros o la propia Facultad de Derecho. También se ha convocado el primer premio Ángel Olavarría de Estudios Jurídicos, que se entregará próximamente con ocasión de alguna solemnidad.

(P.-) En los últimos meses, estamos asistiendo a hechos insólitos en España: jueces que son juzgados. ¿En qué medida cree que la presencia mediática de estos magistrados afecta a la imagen del sistema jurídico español?

(R.-) Creo que frente al juez mediático, lo deseable es el órgano judicial que (sin ser sólo la boca que pronuncia las palabras de la Ley, como decían los revolucionarios franceses) desempeña su importante tarea en una labor constante, callada y hasta sacrificada. Es bien triste que alguno de ellos sea condenado por la justicia, aunque de esto ha habido ejemplos en nuestro sistema actual y por cierto, por conductas bien vituperables. Es igualmente triste porque conculca la ley quien precisamente está llamado a defenderla. Pero cuando ese quebrantamiento tiene lugar, lo que no cabe duda es una exención de responsabilidad porque ello supondría un privilegio inaceptable. Por duro que sea, si se produce la condena justa de un juez, lo que al final triunfa es el Estado de Derecho.

(P.-) Ante casos como éste u otros de corrupción política, muchos ciudadanos hablan de la pérdida de confianza en la justicia. ¿Deberían cambiar algunos mecanismos legales para recuperar esa confianza ciudadana?

(R.-) En la apreciación de la justicia ha influido negativamente la politización de su órgano rector, o sea, el Consejo General del Poder Judicial, efecto que ya previó el Tribunal Constitucional cuando se cambió el sistema de designación de los miembros del Consejo. Y lo mismo ocurre en el propio Tribunal Constitucional, pues sus magistrados son nombrados por órganos políticos. En ese efecto de politización influye la excesiva partitocracia que se da en nuestro sistema institucional. Con todo, no se debe perder nunca esa confianza en la justicia que es el valor esencial en toda vida social. No hay que olvidar la existencia de instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en ocasiones remedian injusticias que se dieron en el ámbito nacional.

(P.-) Polémica también suscita el hecho de que una persona sea condenada a 30 años por asesinato y en menos de 10, por poner un caso, salga en libertad…

(R.-) En este asunto hay que estar a la regulación legal vigente en cada momento. Ciertamente que se han dado algunas soluciones para el más efectivo cumplimiento de las penas, como ocurre con la conocida doctrina Parot, del Tribunal Supremo. En todo caso, no todos los supuestos son iguales como para merecer el mismo tratamiento.

(P.-) Hace unos meses, el Congreso dio luz verde al nuevo Código Penal que agrava las penas por terrorismo, corrupción y pederastia. ¿Llega a tiempo esta medida?

(R.-) En realidad, las medidas legales de agravamiento de las penas nunca llegarán a tiempo para remediar una situación anterior insatisfactoria; y ello porque, por esencia, esas normas nunca pueden tener carácter retroactivo. Otra cosa es que para lo futuro, ese mayor endurecimiento aumentará la eficacia preventiva ante los delitos.

(P.-)¿Qué opina de la Ley del Menor? A su juicio, ¿es justa con las víctimas?

(R.-) En la aprobación de la Ley del Menor hubo un excesivo idealismo. Era una norma que para cumplir su finalidad requería una riqueza de instalaciones y de medios que pudieran llevar a la rehabilitación del menor. Al fallar estas previsiones, la propia Ley ha quedado en entredicho. Ciertamente, los momentos actuales no son los mejores para implantar todas aquellas medidas e instalaciones, debido a la difícil situación económica que atravesamos. Por ello, sería conveniente revisar la Ley aplicando al asunto buenas dosis de realismo.

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Pedro Luis Serrera Contreras

Real Academia de Sevillana de Legislación y Jurisprudencia

Teléfono: 954 411 305

E-mail: pedro.serrera@telefonica.net