Fuente: SINC

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el año 2010 ha sido, junto a los años 1998 y 2005, uno de los años más cálidos desde que empezaron los registros climáticos en 1850. La tendencia para los próximos años será similar y los ecosistemas, así como sus habitantes, se verán perjudicados. El posible nuevo acuerdo de Cancún tiene un gran desafío: lograr cambiar la tendencia a la vez que satisfacer a todos.

REDD (Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación forestal) ha avanzado de forma favorable, aunque no determinante, en las negociaciones de la XVI Conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16). La novedad es que el tema de la deforestación “evitada” se está convirtiendo en una medida de mitigación.

Hasta ahora, los países han dado pasos importantes hacia el establecimiento de un objetivo global a largo plazo de lo que supone la reducción de emisiones de CO2, y hacia un sistema de actuación regional o nacional.

El cómputo a nivel nacional sería el más adecuado para Greenpeace, pero tendría condiciones excepcionales para Colombia, por ejemplo, “que a nivel nacional no puede controlar todo su territorio”, concreta a SINC Aida Vila, responsable de la campaña de Cambio Climático de la ONG.

Sin embargo, y aunque REDD en su conjunto tiene detractores, la controversia se dispara con REDD+, que introduce la versión “mercantilizada” de los bosques. Los mercados de carbono para financiar la reducción de emisiones son vistos por los pueblos indígenas como “una trampa para comprar a las comunidades”, advierte Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo ETC (grupo de acción sobre Erosión, Tecnología, y Concentración).

“Los indígenas no quieren que se les relacione con el mercado. Los criterios son muy claros: versan sobre la conservación de la biodiversidad y de las condiciones de vida de las poblaciones indígenas”, señala Vila.

Malas prácticas, malas experiencias

Los grupos que se oponen a REDD, y que en el caso de Bolivia cuentan con el apoyo del gobierno, se basan en malas praxis pasadas para argumentar su oposición.

«Nosotros ya sabemos que los esquemas de compensación como REDD no van a proteger ni los bosques ni los derechos de los pueblos indígenas. Si vamos a salvar el clima, necesitamos enfocarnos en soluciones reales que aseguren que los bosques queden en pie y los derechos de los pueblos sean respetados», declara Tom Goldtooth, miembro de la Red Indígena Ambientalista.

Según Ribeiro, la mayoría de los pueblos indígenas están en contra de REDD porque “es una forma de privatizar los bosques y de favorecer a los que talan”. Las comunidades temen que su territorio quede alienado por las empresas privadas y que al final se desforeste más. “En México y Ecuador ya existen pre-experiencias del pago por servicios ambientales. Realmente no compensa”, manifiesta a SINC Ribeiro.

La gestión de REDD parece ser el principal reto. Existen problemas con las fronteras de los bosques porque “son territorios poco claros” y porque “hay maneras poco claras de apoyar a las comunidades a nivel local”, alerta a SINC Constance McDermott, investigadora en el Instituto de Cambio del Medio Ambiente y el Centro para Bosques Tropicales de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Para la investigadora, “hasta que estas cuestiones básicas no se resuelvan, será muy difícil invertir más dinero a la causa y beneficiar a las personas más directamente afectadas”.

La Unión Europea ha mostrado también su apoyo a estas comunidades con una nueva postura “que tiene que ser una salvaguardia para los indígenas respecto a sus intereses. No tenemos que violar sus derechos”, declara John Leine, representante del Parlamento Europeo.

Pero ante la insatisfacción generada, las comunidades de indígenas bolivianos han presentado la primera Ley de la Madre Tierra, que recoge los derechos de la Tierra a existir, a un aire limpio y un agua pura, y a no ser contaminada, ni genéticamente modificada.