Un estudio revela la falta de consenso entre la comunidad científica sobre los factores culturales relacionados con el suicidio

El suicidio constituye un importante problema de salud pública. Según la estimación de la Organización Mundial de la Salud recogida en el artículo, más de 720.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo. Aunque se conocen numerosos factores psicológicos, sociales y sanitarios relacionados con la conducta suicida, existe una pregunta que sigue sin una respuesta clara: ¿qué papel desempeñan la cultura, las normas compartidas y el entorno social en el que vive cada persona?

Para estudiar esta cuestión, un equipo con participación de la Universidad de Granada ha publicado en la revista científica Preventive Medicine Reports una revisión exploratoria titulada Cultural factors and suicide: A proposal for taxonomy. El trabajo analizó 49 artículos de los que seleccionó 18 revisiones científicas localizadas mediante búsquedas en Scopus y Web of Science hasta el 20 de mayo de 2023, con el propósito de estudiar cómo se definía la cultura, qué elementos se calificaban culturales y cómo podían organizarse.

El resultado más llamativo fue la ausencia de un lenguaje común. Entre las 18 revisiones examinadas, solo dos ofrecían una definición expresa del término “cultura”, y únicamente una definía “factor cultural”. Además, los investigadores identificaron 67 factores diferentes que los artículos anteriores habían relacionado con la cultura y la conducta suicida. Los más repetidos incluían el género, la importancia concedida a las relaciones familiares, los procesos de adaptación a otra cultura y el consumo de alcohol.

Un ejemplo especialmente ilustrativo es el concepto de “familia”. Según las circunstancias, contar con vínculos familiares fuertes puede asociarse con apoyo y protección, mientras que las tensiones o conflictos familiares pueden relacionarse con una mayor vulnerabilidad. De forma similar, las dificultades para adaptarse a una sociedad diferente, las experiencias de discriminación o las normas sociales sobre la expresión de las emociones pueden adquirir distintos significados según el grupo y el contexto. Esto ayuda a entender por qué no es adecuado aplicar una misma explicación a todas las personas ni a todos los grupos.

Además de constatar la elevada heterogeneidad sobre lo que se entiende por “factor cultural”, otra aportación del estudio es una propuesta para clasificar esos 67 factores etiquetados como culturales. De entrada, estos se agruparían en dos grandes niveles. El primero reúne características compartidas por comunidades o grupos, como determinadas normas, valores, tradiciones o estructuras sociales. El segundo comprende circunstancias que se pueden estudiar persona a persona, incluidas las relaciones con la familia, el trabajo y el entorno social. Esta taxonomía pretende facilitar que los investigadores de las múltiples áreas de conocimiento implicadas en el estudio de la conducta suicida empleen definiciones comunes, que les permitan compartir e intercambiar sus conocimientos sobre este importante problema de salud pública.

Las utilidades potenciales del estudio son diversas: conocer mejor las causas que justifican la diferente frecuencia de suicidio entre poblaciones, detectar barreras culturales o sociales para pedir ayuda y diseñar programas de prevención más sensibles a las realidades de cada comunidad son algunas de ellas.

El equipo subraya la necesidad de interpretar los resultados con cautela. Catorce de las 18 revisiones incluidas eran narrativas, la estrategia de búsqueda empleó criterios restrictivos y la propuesta de clasificación sigue siendo provisional. Por ello, los autores recomiendan ampliar la búsqueda, incorporar estudios originales y reforzar la colaboración entre disciplinas, especialmente con la antropología. El objetivo final es mejorar la calidad del conocimiento disponible antes de trasladarlo a intervenciones de prevención.

Los autores del estudio son Ana I. Fernández-Díaz, Nicolás Francisco Fernández-Martínez, Camila Higueras-Callejón, Eladio Jiménez-Mejías, Luis Miguel Martín de los Reyes y Pablo Lardelli-Claret, y pertenecen a la UGR, CIBERESP, ibs.GRANADA y Escuela Andaluza de Salud Pública.