Elaborado un mapa de riesgo químico ambiental de instalaciones industriales en Andalucía

Conocer los posibles escenarios accidentales que puedan generarse por la fuga de sustancias peligrosas de las industrias andaluzas, además de mapear su ubicación y analizar el entorno al que puedan afectar, son algunos de los retos que el investigador de la Universidad de Cádiz, Miguel Suffo, se planteó cuando decidió comenzar a trabajar en su tesis doctoral. Un amplio estudio que ha dado como resultado la creación del primer mapa de riesgo químico ambiental del territorio andaluz inducido por las instalaciones industriales afectadas por la directiva SEVESO.

Este investigador, del grupo de Tecnología del Medio Ambiente (TEP-181) de la UCA, inició su análisis tras estudiar en profundidad todo lo relacionado con la directiva SEVESO, una normativa de la Unión Europea para el control de riesgos inherentes a los accidentes graves que puedan darse en las industrias y en los que intervengan sustancias peligrosas en unos determinados umbrales. De hecho, la pregunta de la que partió para llevar a cabo este trabajo se centró en la ubicación de las empresas industriales con respecto a los receptores vulnerables, algo que le llevó a comprobar que “no había en Andalucía ningún estudio que tuviera un mapa de riesgo donde se establecieran unas distancias, unas salvaguardas de seguridad. Cierto es que existen documentos que maneja la Administración donde están reflejados los escenarios accidentales posibles que se pueden desencadenar en cada establecimiento industrial de nivel superior, es decir, de alto inventario de sustancias peligrosas, pero nada se habla en ellos sobre las industrias afectadas a nivel inferior, es decir, con bajo nivel de sustancias peligrosas inventariadas, por ejemplo”, como indica el profesor Suffo.

El científico se propuso “analizar el riesgo químico real que existía en torno a grandes y pequeñas empresas de Andalucía en simbiosis con el riesgo ambiental que éste pudiera causar”. Tras ello, Miguel Suffo creó un modelo para calcular, poner en valor, el riesgo químico y ambiental de ámbito territorial, y añadir a esto tres parámetros: el índice de peligrosidad, el índice de vulnerabilidad y el índice de proximidad. Es decir, esta parte del estudio se centró en crear “un modelo matemático basado en una novedosa conceptualización del riesgo, ya que hasta ahora se había definido siempre el modelo de riesgo como la probabilidad de que surja un determinado efecto y las consecuencias que éste tuviera. En este estudio, al parámetro de probabilidad también se le ha añadido el de incertidumbre”.

Para llevar a cabo este trabajo, el investigador de la UCA tuvo que acotar el territorio sometido a estudio y, para ello, desarrolló un sistema de información geográfico donde localizó la ubicación de estas instalaciones industriales. “Se ponen en un mapa todas las ubicaciones de las industrias afectadas y luego vemos si de cada sustancia peligrosa que se trata en estos establecimientos se puede desencadenar una serie de escenarios accidentales con unas consecuencias dadas alrededor de unos metros que podamos cubrir y que afecten a la zona, dependiendo de la peligrosidad de la sustancia y de la cantidad derramada”, como explica el propio autor. Con ello, “definimos unos anillos territoriales alrededor de cada establecimiento industrial en Andalucía y eso nos dio cuáles eran las zonas de alerta susceptibles de estudio”.

Buscar los receptores vulnerables

Tras situar en el mapa las instalaciones industriales y ubicar las zonas de alerta, el siguiente paso se centró en buscar los receptores vulnerables que existían  dentro de esas zonas de alerta. Desde el punto de vista humano, tomó como referencia la ubicación de estaciones de autobuses, núcleos urbanos, servicios sanitarios, vías férreas o carreteras con tránsito importante de mercancías peligrosas; desde el punto de vista ambiental, espacios naturales protegidos, hidrografía, láminas de agua y conjuntos históricos; y desde el punto de vista material, económico y de infraestructuras, oleoductos, grandes redes de agua potable, estaciones y subestaciones eléctricas o construcciones similares, por ejemplo.

“Una vez que tuve claro el mapa de vulnerabilidad, proximidad y el de peligrosidad, lo combiné mediante un sencillo modelo geo-matemático y me dio el mapa de riesgo químico y ambiental de toda Andalucía, analizando sólo las zonas de alerta”, subraya el investigador. Para conseguir esto fue fundamental la colaboración de municipios, que facilitaron los datos de los que se extrajo la documentación que figura en la tesis. Un trabajo en el que “no sólo se buscaba analizar el riesgo sino también analizar sus consecuencias en relación a la compatibilidad territorial de los focos emisores de peligro con respecto a los receptores vulnerables y saber en un momento, con un solo vistazo, qué zonas son incompatibles desde el punto de vista territorial con la ubicación de las empresas y cuáles no”.

Lo que el ingeniero de la Universidad de Cádiz pretende es que “este estudio se tenga en cuenta para prevenir posibles escenarios accidentales que se puedan desencadenar y que los receptores que están allí pueden sufrir. Además, de cara al futuro, a partir de ahora, hay una herramienta que se puede poner en la mesa para hacer estudios de planificación territorial como los Planes Generales de Ordenación del Territorio Urbano de los municipios andaluces (PGOU) o el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA), por ejemplo”. Asimismo, ya se puede contar con un indicador válido que valora cuantitativa y cualitativamente el riesgo químico y ambiental de ámbito territorial en Andalucía, ahora hay que compararlo con otras regiones de España y de Europa, para dotarlo de suficiente contraste.

Estudio comparativo de una década

Además de todos estos datos, en este trabajo también se recoge una comparativa de la situación de Andalucía en 2002 con respecto a 2012. En esta década, según el estudio del profesor Suffo, un 2% del territorio afectado ha incrementado su riesgo y un 10% lo ha bajado. “Lo que nos importaba es ese 2% que ha aumentado. Pero, ¿qué ha pasado con el otro 88%? Eso ha permanecido igual, no ha habido subida ni bajada, lo que quiere decir que los que en 2002 estaban en muy alto riesgo siguen estándolo en 2012”. El profesor de la UCA ha calculado que en 2012 había un 30% de unidades territoriales en las que el riesgo y la incompatibilidad eran muy altos, es decir, “hay un 30% donde hay que profundizar en el estudio”.

Este estudio publicado recientemente, también recoge el ranking e inventario de sustancias peligrosas, además de un listado con los establecimientos cuyos posibles escenarios accidentales son más  peligrosos dentro del territorio andaluz, entre otros muchos datos.